Suecia ha sido el último país de Europa en anunciar la aplicación de medidas drásticas contra los usuarios que descarguen archivos sujetos a derechos de autor. Se suma así a la tendencia iniciada por Francia y Reino Unido aunque, a diferencia de estos últimos, en Suecia no se cortará el acceso a la Red a los usuarios reincidentes. Esta decisión, no obstante, no tranquiliza a los navegantes, ya que sus datos serán facilitados a los propietarios de los derechos de los archivos para que éstos decidan si quieren denunciarles o no.
La otra cara de la moneda está en Italia, cuya autoridad para la Protección de la Privacidad ha establecido que las empresas privadas no pueden realizar un control masivo para averiguar qué usuarios descargan.
La situación en España
En España, por el momento, la situación es muy distinta a la de Suecia, Francia o Reino Unido. A finales de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea remitía a la legislación española para resolver un caso entre Promusicae (la asociación de Productores de Música de España) y Telefónica por el que el que la primera pretendía que el operador le facilitase la identidad de los usuarios que en 2005 habían descargado y compartido archivos en un programa de intercambio. Telefónica se negó a facilitar la identidad de esos usuarios, y ningún juzgado ha podido obligarla a hacerlo.
El director general de la Federación para la Protección de la propiedad Intelectual, José Manuel Tourné, considera que "Internet debe tener cierto orden" y por ello apoya la iniciativa de Francia que, según sus palabras, "es una medida esencial si se hace con el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios".
Uno de los escollos con los que tropiezan las entidades de gestión es que las direcciones IP (que identifican a los usuarios en la Red) son consideradas datos de carácter personal para la Agencia Española de Protección de Datos. Además, en un enjuiciamiento penal, con la actual legislación española debe existir "ánimo de lucro" para considerar que las descargas son delictivas.
Y por la vía civil, las operadoras pueden negarse a facilitar la identificación de los usuarios ya que sólo tienen obligación de darla en el caso de una "investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional". Por eso, los usuarios de P2P en España siguen siendo anónimos.
Una cuota por descargar
En EEUU, donde las descargas son ilegales, exista o no ánimo de lucro, las discográficas se están planteando añadir una cuota a la factura de Internet para combatir las pérdidas en teoría producidas por la utilización de redes de intercambio de archivos. El objetivo es que con el fondo recaudado se compense a los autores de las obras descargadas, una medida que, cuando fue propuesta hace cuatro años, no obtuvo el beneplácito de las discográficas. La cuota, que se calcula en unos cinco dólares, se repartiría entre los propietarios de los derechos de los archivos más descargados en estas redes.
Se lleve a cabo o no, el hecho de que las discográficas se planteen estas alternativas hace pensar que el sistema de persecución que se realiza en EEUU a los usuarios que descargan no está obteniendo el éxito esperado. La consultora NPD Group cifra en un 20% los usuarios de Internet estadounidenses que descargaron archivos sujetos a derechos de autor durante 2007.
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